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En un hecho sin precedentes desde el retorno de la democracia en 1983, el gobierno de Milei dispuso este jueves la clausura de la histórica Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro”, impidiendo el ingreso de los trabajadores de prensa a la Casa Rosada.
La medida que afecta de manera directa la labor de aproximadamente 60 profesionales acreditados, ha despertado un fuerte rechazo de entidades gremiales y legisladores, quienes preparan una contraofensiva judicial para garantizar la libertad de prensa.
Seguridad nacional o censura: los argumentos del cierre
La orden de restricción fue ejecutada por el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibañez, quien justificó la medida como una acción «preventiva» para resguardar la seguridad del Presidente. El disparador de esta decisión sería una denuncia por presunto espionaje ilegal contra un cronista de la señal TN, acusado de realizar grabaciones no autorizadas en los pasillos de la sede gubernamental.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la normalización del acceso queda supeditada a peritajes judiciales y revisiones de las cámaras de seguridad. Sin embargo, para los trabajadores afectados, la magnitud de la respuesta oficial resulta desproporcionada. «Está claro que no hubo ningún espionaje ilegal que ponga en riesgo la seguridad nacional. Esto no es preventivo, es un castigo y un ataque más al periodismo, a la libertad de prensa y de expresión», señalaron fuentes vinculadas a los acreditados.
Amparo colectivo y respaldo legislativo
Ante la gravedad institucional de la medida, los cronistas evalúan la presentación de un amparo colectivo ante la justicia federal. La iniciativa cuenta con el respaldo de diputados de bloques opositores, entre ellos representantes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y el socialismo, quienes advirtieron que la clausura constituye un menoscabo institucional y un retroceso democrático preocupante.
Legisladores como Maximiliano Ferraro y Romina del Plá solicitaron una audiencia urgente con las autoridades. El Círculo de Periodistas Parlamentarios denunció que la medida afecta de forma indiscriminada a todos los medios de comunicación.
El escándalo generó cortocircuitos internos, obligando a Karina Milei a postergar la reunión de la «mesa política» del Gobierno prevista para este viernes.
Un clima de hostilidad creciente
El cierre de la sala ocurre en una semana crítica para la gestión nacional, a solo 48 horas de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deba brindar su informe institucional ante la Cámara de Diputados. La decisión de cerrar Balcarce 50 al periodismo se suma a una serie de cruces y descalificaciones hacia la prensa profesional, consolidando un escenario de conflicto permanente con quienes tienen la tarea de informar sobre los actos de gobierno.
La justicia tendrá ahora la responsabilidad de determinar si una supuesta infracción individual puede ser utilizada como justificativo para clausurar un espacio de trabajo histórico y silenciar la cobertura diaria en el corazón del poder político argentino.
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